Investigadoras de la Universidad del Valle realizaron un estudio en la ciudad de Cali, Colombia, para identificar las barreras arquitectónicas y de comportamiento, que obstaculizan la integración de personas con discapacidad a la vida social.
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Continuamente las personas discapacitadas están en peligro cada vez que se dirigen a sus trabajos. |
En Colombia, 1991 fue el año en que, por primera vez en la historia, la Constitución Política Nacional reconoció a la población con discapacidad, como un grupo excepcional, que requiere especial atención del Estado y los medios para su integración a la sociedad.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha definido la discapacidad como toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad, en la forma en que se considera normal para el ser humano.
En el mundo la población con discapacidad alcanza el 10% y en Colombia, el 12 %, sin contar las personas con discapacidad por causa de la violencia, las cuales, se considera que pueden superar esta cifra.
Un estudio realizado por la Consejería Presidencial, la Secretaría de Programas Especiales y la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali, en 1994, concluyó que en los estratos 1, 2 y 3 hay 197.316 personas con discapacidad, lo que representa el 16.1% de los habitantes. La más frecuente fue la visual, seguida por los trastornos funcionales crónicos y la discapacidad para moverse o agarrar.
Según el informe preliminar de una investigación de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Colombia reportó un 10% de desarrollo en prevención de la discapacidad y rehabilitación en el Nivel I de atención primaria en salud; 30% en el Nivel II, de casos de mediana complejidad y 60% en el Nivel III, es decir, de alta complejidad.
En el mundo, la Organización de Naciones Unidas, ONU, ha liderado el establecimiento de normas sobre la equidad para las personas con discapacidad. Según profesoras de la Cátedra de Rehabilitación Humana de la Universidad del Valle, estas normas, aunque no son obligatorias, pueden llegar a serlo, si los Estados las respetan y las aplican.
Investigadoras de la Escuela de Rehabilitación Humana de la Universidad del Valle, en Cali, con el apoyo de la Alcaldía Municipal, realizaron un diagnóstico de accesibilidad, con el cual se busca contribuir a la transformación urbanística de la ciudad y a elevar la calidad de vida y fomentar la integración a la sociedad, de la población con discapacidad.
Cali: ¿una ciudad de barreras?
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El acceso a los ascensores públicos es un gran problema para los discapacitados, pues la única forma de llegar a ellos son las gradas. |
El diagnóstico, que se realizó entre marzo y octubre de 1996, identificó las barreras físicas de la ciudad, de transporte, de información y de ayudas técnicas, con el fin de implementar un programa de eliminación de éstas barreras y de readecuación, para no relegar a las personas con necesidades especiales.
Se trató de una investigación descriptiva, hecha por medio de entrevistas a más de 90 personas con discapacidad, pertenecientes a diversas asociaciones, y de observaciones directas a los sitios de mayor afluencia, seleccionados de acuerdo con las indicaciones de los entrevistados. La identificación de las barreras de acceso físico, se hizo con base en la Ley 12 de 1987 sobre "Normas para protección, seguridad, salud y bienestar de las personas en el medio ambiente y en especial de los minusválidos".
El diagnóstico fue realizado por la fonoaudióloga María Cristina Otoya Domínguez, Especialista en Teoría y Métodos de Investigación en Sociología de la Universidad del Valle; la Terapéuta del Lenguaje Patricia Quintana Casasbuenas, candidata a Magister en Integración Social de Personas con Discapacidad, de la Universidad de Salamanca, España y la Terapéuta Ocupacional Liliana Tenorio Rebolledo, candidata a Magister en Economía de la Universidad del Valle.
Las investigadoras estudiaron la accesibilidad en el ambiente exterior y en el equipamiento de la ciudad, accesibilidad y habitabilidad de los edificios públicos y de las viviendas de interés social, funcionalidad del transporte público, disponibilidad de información, de ayudas técnicas para los cuidados personales, la señalización y condiciones de integración escolar y laboral.
Se evaluó el aeropuerto, el terminal de transportes, el Palacio de Justicia, centros comerciales, el edificio del Tránsito Municipal, el Centro Administrativo Municipal CAM, el edificio del Instituto Nacional de Vivienda Urbana, algunos bancos de propiedad del Estado, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y la Gobernación del Departamento del Valle, así como salas de cine y teatros, instituciones de salud, educativas, centros de recreación y deporte, el centro de la ciudad y algunas iglesias.
En estos sitios se tuvo en cuenta la disponibilidad de rampas para el desplazamiento de las personas con discapacidad, teléfonos, servicios sanitarios, escaleras, ascensores, parqueaderos y señalizaciones. Igualmente, se evaluaron las diferentes vías, puentes peatonales y andenes, teléfonos públicos, paraderos de bus, bancas, señales informáticas, entre otros.
Se encontró que los vehículos de transporte público con los que cuenta Cali, no están preparados para que las personas con discapacidad se desplacen en ellos. Poseen pasamanos y timbres altos y mal ubicados, silletería estrecha, máquinas registradoras que dificultan el ingreso a niños, embarazadas y obesos; altos escalones de subida y bajada, sobrecupo frecuente, letreros poco visibles, corredores estrechos, entre otros obstáculos.
Según las investigadoras, la eliminación de barreras en el transporte es una prioridad, pues estudios realizados en Cali, en 1981 y en 1984, encontraron que el 30% de las personas con discapacidad motora, abandonó el tratamiento antes de los seis meses, tiempo insuficiente para lograr su independencia, señalando como causa más frecuente el difícil transporte y la falta de recursos económicos.
Se encontró además una gran carencia de sistemas de información para la discapacidad. La Dirección de Apoyo Integral al Discapacitado, la Alcaldía de Cali, la Corporación Regional de Rehabilitación del Valle y la Secretaría Departamental de Educación, entre otras dependencias, proporcionan información sobre servicios especiales, recursos y ayudas. Sin embargo, ésta no es completa, según las autoras.
Los entrevistados con limitaciones visuales, señalaron el centro de la ciudad como un sitio imposible de transitar con seguridad y autonomía. El centro cubre la calle 5ª hasta la calle 15 y entre las carreras 1ª a la carrera 12. Identifican las ventas ambulantes como la máxima barrera contra la libre movilidad y en segundo orden, los carros parqueados en los andenes.
En cuanto a la vivienda, los entrevistados sugirieron que mínimo el 3% de las casas de programas de interés social, deben cumplir con las condiciones de habitabilidad y adaptabilidad, para las personas con discapacidad y sus familias.
Cualquier tipo de barrera arquitectónica reduce las oportunidades de las personas con discapacidad, de acceder a educación, salud, recreación y trabajo. "No es necesario meter a estas personas en una cárcel para privarlas de la libertad, pues el tener un entorno inaccesible y dificultades para su desplazamiento, es semejante a estarlo", afirman las autoras del estudio.
Otro de los hallazgos significativos de este diagnóstico, es que en Cali no se cuenta con programas de empleo, que garanticen las condiciones adecuadas para el desempeño de las personas con discapacidad; la cobertura de programas de formación profesional y rehabilitación es mínima y los pocos que existen, no se encuentran vinculados a bolsas de empleo o a programas de reubicación laboral.
Partiendo de cero
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Las rampas que están en el interior de algunos centros comerciales no cuentan con los pasamanos que requieren las personas discapacitadas. |
De acuerdo con las autoras, en 1995 Cali estaba en cero en cuanto a accesibilidad. Gracias a la realización de este diagnóstico, ya se han ubicado en la ciudad semáforos con aditamentos de sonido, se aumentó la señalización, se ha realizado ampliación de andenes y se están destruyendo barreras.
Concluyeron que es imprescindible realizar campañas para promocionar las capacidades laborales de esta población y crear un sistema de información sobre la discapacidad, accesible a la comunidad en general, donde se den instrucciones sobre instrumentos o ayudas técnicas y habilidades sociales para interactuar con la persona con discapacidad, haciendo énfasis en el "principio de la equidad".
Así mismo, resaltan la importancia de crear formas de comunicación alternativas, especialmente para quienes tienen problemas sensoriales o de conocimiento, haciendo más accesibles las señales y los servicios de los medios masivos de comunicación. Con ésto, se benefician además, los que no entienden el idioma, los analfabetos, entre otros.
Con estas acciones, se espera que en Colombia, ciudades como Cali, Medellín y Bogotá alcancen desarrollos similares en accesibilidad, como los de los países nórdicos o Estados Unidos, que poseen grandes adelantos en el transporte, hoteles, planes turísticos, moneda, entre otros, para las personas con discapacidad.
Sin embargo, las investigadoras afirman que el camino todavía es largo y que es necesario cuestionarse por qué, si actualmente existe amplia legislación frente al tema, aún se construye y se urbaniza en la ciudad con barreras arquitectónicas.
Contacto: Profesoras María Cristina Otoya, Liliana Tenorio
y Patricia Quintana. Universidad del Valle.
E-mail:marotoya@sinsa.univalle.edu.co;
ltenorio@mafalda.univalle.edu.co
Para mayor información acerca del tema tratado en este artículo, escríbanos a aupec@mafalda.univalle.edu.co
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